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El intendente Maximiliano Wesner (UxP) denunció que la gestión anterior del exintendente Ezequiel Galli (PRO) había «cedido» a 42 empleados municipales al Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), liderado por José Stuppia. 

La revelación generó polémica al conocerse que los trabajadores en cuestión, aunque percibían su salario del municipio, no cumplían funciones en ninguna dependencia estatal. Según una auditoría realizada por la actual gestión, en el inicio del mandato se detectaron 73 empleados en esta situación, de los cuales algunos prestaban servicios en el Complejo Sindical Recreativo o en otros espacios del sindicato, como «La Mutual». 

«No existe esto en otro municipio de la provincia», remarcaron las autoridades locales. Actualmente, 21 de esos contratos fueron dados de baja por diferentes motivos y 10 trabajadores han sido reubicados. Del total restante, 16 pertenecen a la comisión directiva del gremio y no cuentan con licencia sindical, lo que constituye una ausencia laboral injustificada.

En la última semana, el área de Recursos Humanos citó a los 42 empleados involucrados y documentó sus testimonios ante un escribano. El municipio informó que esta situación implica una carga salarial de cerca de 50 millones de pesos anuales. Además, advirtió que en muchos casos se encontraron «graves irregularidades» en los legajos, cuyos detalles serán parte de un informe final de auditoría que se espera en las próximas semanas. 

«Es injusto para los trabajadores que cumplen sus funciones todos los días ver cómo recursos municipales se destinaban a sueldos sin respaldo en servicios reales», remarcaron desde el ejecutivo local.

El conflicto entre el municipio y el sindicato crece mientras continúa el acampe de trabajadores en protesta. La tensión escaló días atrás cuando la policía intentó desalojar una carpa instalada en el paseo Jesús Mendía, acusando al gremio de «ruidos molestos». La situación culminó en una negociación pacífica, aunque persistieron las denuncias por «acciones encubiertas» y amenazas contra el sindicato. 

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